Publication: Social involvement as a buzz word in world heritage nominations
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Publication Date
2015
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Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
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Abstract
Social responsibility, in particular the inclusion and development for local communities, is viewed to be a key element of contemporary heritage management projects. UNESCO embraced the concept already decades ago in its various programs and policies, and in its World Heritage Convention. Based on a consultation of the United Nations member states, the Human Rights Council even recommended in March 2011 that concerned communities should be consulted and invited to actively participate in the whole process of identification, selection, classification, interpretation, preservation, stewardship and development of cultural heritage. It suggested UNESCO not to grant inscription on cultural heritage lists or registers without the free, prior and informed consent of the concerned communities. Following this, 1,150 participants from 106 countries that gathered in Paris in November 2011 on the occasion of the 17th General Assembly of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) adopted the Declaration of Principles and Recommendations on the relationship between heritage and development as a directive for heritage conservation, the dissemination of its values, and to the cultural, social and economic development of communities. Signing up to such directives and good intentions of key players within the heritage management sector is one thing, following them effectively in practice is however something different. Social responsibility therefore deserves monitoring, evaluation and reflection, both on its nature and scope. If we look in particular at the latest nomination dossiers and management plans of nominations that made it to the World Heritage list in 2014, what do these words actually refer to? To what degree are elements of social responsibility included in these documents and do they relate to social inclusion of communities that are or maybe affected by a nomination? This paper presents the results of a content analysis of these state-of the art-dossiers.
La responsabilidad social, en particular la inclusión y el desarrollo para las comunidades locales, es concebida como un elemento clave en los proyectos de gestión del Patrimonio contemporáneo. La UNESCO adoptó este concepto ya en décadas pasadas para sus diferentes programas y políticas y su Convención del Patrimonio Mundial. Sobre la base de una consulta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, su Consejo de Derechos Humanos incluso recomendó en Marzo de 2011 que las comunidades involucradas fueran consultadas e invitadas a participar activamente en el proceso completo de identificación, selección, clasificación, interpretación, preservación, administración y desarrollo del Patrimonio Cultural. Asimismo, éste sugirió a la UNESCO no conceder la inscripción en las listas o registros de Patrimonio Cultural sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas. Después de esto, 1150 participantes de los 106 países que se reunieron en París en noviembre de 2011 en la 17ma Asamblea General del Consejo Internacional para Monumentos y Sitios (ICOMOS) adoptaron laDeclaración de los Principios y Recomendaciones sobre la relación entre Patrimonio y desarrollo, como una directiva para la conservación del Patrimonio y la diseminación de sus valores y para el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades. Lograr la adhesión a tales directivas de los principales actores en el sector de la gestión del patrimonio y sus buenas intenciones es una parte del proceso, seguirlas de manera efectiva en la práctica, sin embargo, es algo diferente. Por lo tanto, la responsabilidad social requiere de seguimiento, evaluación y reflexión, tanto en su naturaleza y alcance. Si nos fijamos en particular a los últimos expedientes de nominación y los planes de gestión de las candidaturas que lograron ingresar a la lista del Patrimonio Mundial de 2014, ¿a qué se refieren realmente estas palabras? ¿Hasta qué punto están los elementos de responsabilidad social incluidos en estos documentos y qué relación tienen con la inclusión social de las comunidades que están o pueden estar afectadas por una nominación? En este trabajo se presentan los resultados de un análisis de contenido de estos últimos informes.
La responsabilidad social, en particular la inclusión y el desarrollo para las comunidades locales, es concebida como un elemento clave en los proyectos de gestión del Patrimonio contemporáneo. La UNESCO adoptó este concepto ya en décadas pasadas para sus diferentes programas y políticas y su Convención del Patrimonio Mundial. Sobre la base de una consulta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, su Consejo de Derechos Humanos incluso recomendó en Marzo de 2011 que las comunidades involucradas fueran consultadas e invitadas a participar activamente en el proceso completo de identificación, selección, clasificación, interpretación, preservación, administración y desarrollo del Patrimonio Cultural. Asimismo, éste sugirió a la UNESCO no conceder la inscripción en las listas o registros de Patrimonio Cultural sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas. Después de esto, 1150 participantes de los 106 países que se reunieron en París en noviembre de 2011 en la 17ma Asamblea General del Consejo Internacional para Monumentos y Sitios (ICOMOS) adoptaron laDeclaración de los Principios y Recomendaciones sobre la relación entre Patrimonio y desarrollo, como una directiva para la conservación del Patrimonio y la diseminación de sus valores y para el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades. Lograr la adhesión a tales directivas de los principales actores en el sector de la gestión del patrimonio y sus buenas intenciones es una parte del proceso, seguirlas de manera efectiva en la práctica, sin embargo, es algo diferente. Por lo tanto, la responsabilidad social requiere de seguimiento, evaluación y reflexión, tanto en su naturaleza y alcance. Si nos fijamos en particular a los últimos expedientes de nominación y los planes de gestión de las candidaturas que lograron ingresar a la lista del Patrimonio Mundial de 2014, ¿a qué se refieren realmente estas palabras? ¿Hasta qué punto están los elementos de responsabilidad social incluidos en estos documentos y qué relación tienen con la inclusión social de las comunidades que están o pueden estar afectadas por una nominación? En este trabajo se presentan los resultados de un análisis de contenido de estos últimos informes.