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El fomento de la “economía social” en la legislación española

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2012
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela de Estudios Cooperativos
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La “economía social” como concepto identificativo de una forma de hacer empresa, caracterizada por sus fines y ciertas pautas de comportamiento comunes, ha tenido reconocimiento en la legislación española desde los años 90 y especialmente en el último año con la aprobación de la Ley 5/2011 de Economía Social. Los objetivos principales de esta Ley son dar reconocimiento legal a la economía social y promover su fomento. Pero la economía social, como identificación de una realidad económica viene siendo objeto de fomento desde mucho antes, desde la creación en 1990 del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social. Hoy en día, el fomento de la economía social es una competencia asumida por todas las Comunidades Autónomas. Se subvencionan normalmente los gastos derivados de actividades de promoción de la economía social y los gastos generales de funcionamiento de sus entidades representativas. Pero el concepto de economía social utilizado identifica, con alguna excepción (mutualidades y empresas de inserción), exclusivamente a las cooperativas y sociedades laborales. La razón está en que dentro de cada administración pública el fomento de la economía social suele ser competencia de la administración competente en materia de empleo. Con la nueva ley, el fomento de la economía social debería alcanzar a todas las demás familias y para ello sería aconsejable que su fomento se atribuyese a un organismo interministerial.
The “social economy” as a concept identify a way of doing business, characterized by its purposes and certain patterns of behavior common, it has been recognized in Spanish legislation since the 90's and especially in the last year with the approval of Law 5 / 2011 Social Economy. The main objectives of this Act are giving legal recognition to the social economy and promote its development. But the social economy, as identification of an economic reality has been under development long before, since the creation in 1990 of the National Institute for the Promotion of Social Economy. Nowadays, the promotion of social economy is a responsibility assumed by the Autonomous Communities. It usually subsidize the costs of activities to promote the social economy and general operating expenses of their representative entities. But the concept of social economy used identifies, with some exceptions only to cooperatives and worker-owned companies. The reason is that within each public administration to promote the social economy is generally the responsibility of the competent authority in employment. With the new law, the promotion of social economy should reach all the other families and it would be advisable for their promotion it attributed to an inter-ministerial organism.
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