Publication: Arbitraje y Jurisdicción: una interacción necesaria para la realización de la justicia
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2005
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Abstract
The functions assigned to arbitrators do not intend to replace national
courts. The laws of the different states grant significant freedom as regards
the shaping of the arbitral procedure and the applicable law, but arbitration
must always respect rules which guarantee that the parties are protected
and that some basic principles are safeguarded. Those principles include:
non-discrimination, independence and impartiality, due process, reasonable
time, public hearing and confidentiality. Arbitration does undermine neither
jurisdictional unity nor the exclusive position of the national courts, because
the role of the arbitrator depends on a previous agreement by the parties,
applies only to specific cases and a municipal court must intervene to
grant the enforcement of an arbitral award. The binding nature of the award
comes from the content of the national laws on arbitration, the international
conventions and the agreement of the parties to submit the dispute to arbitration
which is a basic requirement for arbitration to take place. However,
the existence of an arbitral agreement between the parties does not impose
an obligation on national courts to abstain in any case, because national
courts play an essential role as regards the support, supervision, challenge
and enforcement of arbitral proceedings.
La labor de los árbitros no pretende suplantar el ámbito de actuación de
de la justicia estatal. El Estado confiere un amplio margen de libertad para
el funcionamiento del arbitraje, pero impone unas exigencias que aseguren
unas mínimas garantías a los particulares que eligen esta vía en el sentido
de que están amparados por los principios de igualdad, audiencia y contradicción
y que las actuaciones arbitrales están sometidas a una estricta confidencialidad.
El arbitraje no vulnera los postulados de unidad jurisdiccional
y del monopolio estatal de la jurisdicción pues el árbitro no posee una posición
jerárquica por encima de las partes, su función es ocasional, su poder
decisorio se mueve únicamente en los términos fijados por el compromiso y,
además, los laudos precisan para su ejecución el concurso de la potestad jurisdiccional.
La fuerza del laudo no deriva de una delegación estatal, sino
que se trata de una facultad que proviene directamente de la ley y que emana
directamente de la autonomía de la voluntad de las partes, que constituye
la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje
conlleva la exclusión de la vía judicial. Sin embargo, la mera existencia
del convenio arbitral no elimina por completo el deber de abstención de
los órganos jurisdiccionales del Estado.