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La promoción de la responsabilidad social en los tratados de inversión. Los casos de Bolivia y Venezuela

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2009
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FUNDACION CAROLINA
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Las inversiones son principalmente transacciones privadas que tienden a generar tasas de retorno positivas, pero pueden tener implicaciones de largo alcance para el bienestar de los países receptores, incluyendo las perspectivas del desarrollo sostenible, el uso y la protección de los recursos naturales, el empleo, la salud o los ingresos económicos de las comunidades locales. El presente estudio nace de la inquietud de conciliar dos tendencias: el equilibrio entre las preocupaciones sobre el desarrollo y la sostenibilidad asociadas a la inversión y la evolución armónica de la compleja relación entre inversores, estados anfitriones y las comunidades locales. Desde un punto de vista económico, los acuerdos de inversión internacionales pretenden promover el desarrollo sostenible, sin embargo, existen pocos estudios que avalen los beneficios de los acuerdos de inversión. Mientras los gobiernos enfatizan las oportunidades que crea la inversión extranjera directa, y su principal objetivo es desarrollar marcos que protejan a los inversionistas, la sociedad civil se hace eco de los riesgos que pueden crear los inversionistas extranjeros, y tiende por tanto, a defender enfoques más prohibitivos que minimicen los efectos negativos. Los acuerdos de inversión constituyen en principio, mecanismos para promover una mejor distribución del capital a través de la no discriminación; al mismo tiempo que la reducción de riesgos políticos determina inversiones con menor rendimiento. Por otra parte, en cuanto a los efectos para el receptor, el mismo Banco Mundial ha reconocido que la miríada de los tratados bilaterales de inversión existentes “no parecen haber aumentado los flujos de inversión hacia los países en desarrollo signatarios”. Sin embargo, las potencialidades de un acuerdo de inversión para la promoción de un desarrollo sostenible y efectivo son enormes. Un acuerdo internacional debe promover la interacción con las instituciones domésticas para equilibrar los derechos del inversor (derechos de entrada, tratamiento no discriminatorio, etc.) frente a los bienes públicos(integridad medioambiental, salud, etc.). En los países en desarrollo el objetivo fundamental de estos acuerdos ha de ser promover las instituciones existentes y desarrollar capacidades institucionales que evalúen, regulen y construyan adecuadamente proyectos de inversión a la luz del interés público y los derechos privados que se tratan de proteger. Hasta hoy no existe un vínculo entre la responsabilidad social corporativa (RSC) y las negociaciones de acuerdos de inversión. Sin embargo, podemos aventurar la hipótesis de que si la responsabilidad social empresarial pretende avanzar hacia un enfoque más constructivo, tratando de influir en la conducta de las compañías, no mediante la confrontación sino mediante la cooperación, generando soluciones de ganancias mutuas, a través de beneficios sociales, económicos y ambientales, los acuerdos de inversión serían una instancia lógica para abordar estos temas.
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